Las recientes acusaciones contra Pedro Castillo ha llevado la crisis política en Perú a un nuevo nivel, pese a que el país sudamericano lleva años habituado a los enormes escándalos de corrupción en torno a sus presidentes. Este martes, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusó al cuestionado mandatario de izquierda de ser responsable por la existencia de una «presunta organización criminal enquistada en el gobierno». «Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable», señaló Benavides en una rueda de prensa en Lima en la que presentó una denuncia constitucional contra el mandatario.
Aunque Castillo lleva tiempo siendo acusado de corrupción, es la primera vez en la historia contemporánea del país que la Justicia busca llevar a un presidente al banquillo de los acusados durante su mandato, y que pide al Parlamento que levante su inmunidad. Si el siempre impredecible Congreso peruano acepta la denuncia, Castillo podría ser suspendido de su cargo en las próximas semanas. ¿Está cerca entonces el final de la corta y caótica presidencia de Castillo en Perú?
Caos durante el gobierno de Castillo
Lo cierto es que los últimos meses han hundido aún más a la frágil democracia peruana en la crisis política. Castillo llegó al poder por sorpresa en 2021, al frente de un partido con un programa radical de izquierda, Perú Libre. Su triunfo se atribuyó al enorme descontento de los peruanos con su democracia tras años de escándalos de corrupción. Castillo, un antiguo maestro rural andino, arrancó su mandato con muy mal pie, pues gran parte de las desprestigiadas élites políticas no aceptaron nunca su derrota. La oposición más radical lo acusó de orquestar un fraude electoral sin presentar pruebas, y el mandatario afrontó en sus primeros ocho meses de gobierno dos intentos del Congreso para destituirlo en base a una difusa figura constitucional, la declaración de la vacancia presidencial.
El propio Castillo, sin embargo, ha justificado las críticas en su contra con una gestión calamitosa. Y muchos expertos consideran fundadas las acusaciones de corrupción. «Hay elementos muy graves que sindican al presidente y a su entorno más cercano», dice a DW el abogado constitucionalista y analista político limeño Edward Dyer. «Es cierto que la corrupción que hay alrededor de él lo salpica de forma clara y notoria», considera también el politólogo Alonso Cárdenas. Por ello, no sólo la oposición de derecha radical, sino en tanto también amplios sectores de la sociedad piden la salida del presidente, cueste lo que cueste. En Perú se vive desde hace tiempo un clima de pesimismo político que ha alimentado los discursos más radicales.
Dudas sobre la denuncia constitucional
Y el país debate ahora sobre la legalidad de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, que acusa a Castillo de tráfico de influencia agravado y de colusión para enriquecimiento personal. «La denuncia no debe prosperar, porque en la Constitución peruana hay un artículo que establece una protección para el presidente», considera Dyer. «Al presidente se le puede acusar, mientras ejerce el cargo, sólo por traición a la patria, por impedir elecciones, por no dejar trabajar al Congreso o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones», enumera. La misma argumentación sigue Omar Cairo, otro experto en asuntos constitucionales. «No le queda otro remedio al Congreso, si respeta la Constitución, que declarar improcedente la denuncia», dice Cairo a DW.
Dyer señala, sin embargo, que el actual Congreso peruano, rodeado de múltiples escándalos de corrupción y más desprestigiado que el propio Castillo, podría ser impredecible a la hora de votar sobre la denuncia contra el presidente.
El politólogo Cárdenas cree que al final primera el instinto de supervivencia política de los congresistas, pues la caída de Castillo podría reforzar el clamor de los ciudadanos para que se convoque a elecciones generales y se elija a un nuevo Ejecutivo. «Creo que los congresistas bajo ningún punto de vista van a arriesgar su permanencia en el poder, incluso si eso implica que el presidente Castillo continúe su mandato», dice.
Sin salida para la crisis
Más seguro parece, en cambio, que la crisis política del país ha entrado en un callejón sin salida. «Lo que se vive en el Perú ya desde hace años es un proceso de descomposición de las instituciones políticas que viene de años, incluso de décadas, y que la pandemia ha acelerado», resume Cárdenas. Los acontecimientos de los últimos años parecen darle la razón. En Perú, todos los presidentes elegidos de forma democrática desde el fin del régimen autoritario de Alberto Fujimori, en el año 2001, han sido investigados o acusados formalmente de corrupción tras su paso por el poder.
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